¡A la huelga!, de Luis García Montero.

La huelga, convocada para este miércoles y jueves, pretende paralizar el Decreto que permitirá a las universidades crear grados de tres años, entre otras cosas...


La noticia más importante de esta semana es la huelga de estudiantes convocada contra las políticas del Ministerio de Educación. La Universidad vive una situación de urgencia que es, desde luego, una urgencia social y democrática. Las autoridades han perdido el pudor y afirman que el modelo de Universidad pública española es insostenible. Cuando se piensa el significado de esta declaración y el significado del contrato pedagógico en una sociedad ilustrada, comprendemos lo que se nos está diciendo: la democracia real es insostenible. En España vivimos de forma descarada las consecuencias del Plan Bolonia que vino a santificar hace unos años la privatización del saber y la venta de la instrucción pública a los mercados.
Como en otros muchos asuntos, la configuración de Europa se utilizó en el Plan Bolonia como una máscara para imponer el predominio de la mentalidad neoliberal. Se abandonaron así las aspiraciones pedagógicas como formación de ciudadanos y se sustituyeron por unos mecanismos de información superficial aplicados a la producción de mano de obra barata. Al mismo tiempo, se diseñó una descarnada política de privatizaciones. Frente a la movilidad social e independiente de un saber público, la educación se convirtió en negocio y en frontera. Sólo quien pertenezca a una familia con poder adquisitivo alto, podrá optar a los estudios de élite, unos estudios sometidos, además, a los intereses comerciales de los poderes económicos.
El contrato social de la democracia moderna es inseparable del contrato pedagógico. Sólo unos ciudadanos formados (sólo la mayoría de una clase obrera con posibilidad de formarse) pueden participar con libertad e independencia en la firma de un contrato social. Ni las redes sociales, ni los medios de comunicación manipulados en la sociedad del espectáculo suponen una alternativa razonable. Conviene insistir en que se trata de “formar ciudadanos”, porque esto supone una conciencia capaz de convivir en libertad en un espacio laico. Y laico no significa que se prohíban las creencias privadas, sino que se articule un ámbito público en el que convivan con respeto todas las creencias, sin que una de ellas invada de forma identitaria a las otras. No es extraño que la huelga de estudiantes en defensa de la educación pública coincida con las decisiones católicas de un Ministerio agresor que devuelve las aulas del Estado a la oración católica. Se buscan siervos, no ciudadanos.
El pacto con la Iglesia más conservadora, el recorte en inversiones, la criminalización de los profesores y el encarecimiento de las tasas forman parte de todo el proceso de privatización que plantean los que consideran insostenible la democracia social. La debilidad democrática de España -con unas élites decididas a vender la nación una vez más, siempre que Alemania asegure la perpetuidad de sus privilegios-, acentúa aquí el vértigo de Bolonia. Es un verdadero síntoma la dureza del Gobierno español contra unas reivindicaciones griegas que de forma objetiva son buenas también para evitar la degradación de España.
La separación entre el contrato social y el contrato pedagógico se parece mucho a la separación entre el Parlamento y la calle. La huelga de los estudiantes se convoca en la misma semana en la que asistimos de lejos al debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. El presidente Rajoy hizo una lectura de la realidad parecida a un cuento de hadas, silenció problemas graves y falseó datos. El líder del PSOE lo calificó de mentiroso y de corrupto para calentar el debate, y el presidente reaccionó con la estrategia del “y tú más”. Ante las elecciones próximas, el bipartidismo se olvida por unos meses de la deriva hacia la gran coalición, buscando rédito en su estrategia de siempre: la alianza en el insulto, la escenificación de unas diferencias más oficiales que reales. Pero uno tiene la sensación de que esa estrategia ya no afecta a una calle distanciada del Parlamento, dispuesta tal vez a creerse las acusaciones de unos contra otros (corrupción, mentiras, sectarismo), pero no las promesas y la sinceridad de sus propuestas. Hay una separación tajante entre la calle y la España oficial, la misma separación que se abre entre el contrato pedagógico y el contrato social, la misma barrera que se pone entre la mayoría de los españoles y una educación diseñada para las élites.
La huelga de los estudiantes, además, sirve para recordarnos la importancia de la movilización. Después de meses de grandes mareas y de marchas por la dignidad, corremos el peligro de que desaparezca la movilización, confiando la suerte social a una próxima respuesta de castigo en las urnas. Los cambios de mayorías en la política institucional son muy importantes, pero corren el peligro de diluirse si los separamos de la movilización.
Por eso creo que la noticia de la semana, con la triste realidad de un Parlamento separado de la calle y sometido a su propia farsa, es la huelga de los estudiantes que recogen hoy la antorcha de todos los que se movilizaron contra el Plan Bolonia y contra la voladura de la educación pública.