Cuarenta y cinco años después, la versión oficial sigue blindando al rey mientras la verdad permanece bajo llave
El 23 de febrero de 1981 no es solo una fecha. Es un relato. Y como todo relato de poder, fue cuidadosamente construido. Han pasado 45 años y todavía se nos pide fe. Fe en una sentencia militar. Fe en una versión oficial. Fe en un rey que ahora, desde la comodidad de sus memorias publicadas en 2025, asegura que no tiene “nada que ocultar”.
Pero el problema no es lo que dice. Es lo que nunca se investigó.
La versión fijada por el Consejo Supremo de Justicia Militar estableció que el golpe fue obra de un grupo reducido de militares díscolos, frenado por la intervención decidida de Juan Carlos I y la lealtad masiva del Ejército a la Constitución. Punto. Caso cerrado. Democracia salvada.
El problema es que esa versión se blindó sin escuchar al principal protagonista.
La justicia militar ni siquiera recabó la declaración del monarca, ni por escrito. Se nos privó del testimonio de quien supuestamente tuvo “el destino de todos los españoles en sus manos”. Y ahora, en 2025, el propio emérito escribe que aquella tarde su proyecto político estuvo en peligro y que actuó con aplomo para salvar la democracia.
Es su palabra contra documentos judiciales que dicen otra cosa.
LA SOMBRA DE ARMADA Y EL SILENCIO JUDICIAL
Uno de los puntos más oscuros es la conversación entre el rey y el general Alfonso Armada, condenado como uno de los cerebros de la asonada. Juan Carlos sostiene que le negó permiso para acudir al Congreso en su nombre. Sin embargo, la declaración judicial de Sabino Fernández Campo ante el instructor del Sumario 2/81 cuenta otra historia.
Sabino afirmó que transmitió una orden directa del rey: que Armada podía actuar, pero “a título personal”. Y fue más lejos. Dejó por escrito que en ningún caso la iniciativa partió de él y que actuó “por orden y en nombre de Su Majestad”.
Esa declaración no se permitió en la vista oral.
El tribunal tampoco dio valor a ese testimonio y atribuyó la autorización a José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército. La historia oficial ya estaba en marcha.
El relato heroico necesitaba limpieza quirúrgica.
Y mientras tanto, más de 300 guardias civiles al mando de Antonio Tejeroocupaban el Congreso. En Valencia, los tanques de Jaime Milans del Boschtomaban las calles. No era una broma. No era una opereta. Era la mayor amenaza al sistema nacido tras la muerte de Franco.
Pero incluso dentro de ese relato hay grietas.
El propio Juan Carlos reconoce ahora que de los 11 capitanes generales, “la mitad apoyaba la rebelión”. Un documento del ministro de Defensa Alberto Oliart indicaba que solo 3 de 11 fueron plenamente leales desde el inicio. Aun así, el 17 de marzo de 1981, Oliart compareció en el Congreso para hablar de un 99,40% de lealtad constitucional en las Fuerzas Armadas.
Un 99,40% que hoy suena más a consigna que a dato.
La matemática del poder también fabrica mitos.
EL MITO FUNDACIONAL Y LA IMPUNIDAD
El fracaso del golpe se atribuye a la negativa de Tejero a aceptar el plan de Armada, que pretendía formar un gobierno de concentración sin nacionalistas. El propio Tejero habló de “chapuza”. Si hubiera aceptado, la historia sería distinta. Pero la pregunta incómoda no es esa.
La pregunta es por qué, durante cuatro décadas y media, no se ha levantado el secreto completo de los archivos. Por qué la narrativa judicial quedó congelada como verdad absoluta. Por qué el testimonio clave de Sabino fue apartado. Por qué la historiografía oficial convirtió al rey en héroe indiscutido.
El 23F se convirtió en el acta de bautismo moral de la monarquía parlamentaria.
Y esa acta no admite tachones.
Mientras tanto, la institución que supuestamente fue salvada por el rey ha protegido durante años su inviolabilidad, su opacidad financiera y su impunidad. El relato del 23F ha funcionado como blindaje simbólico. Quien cuestiona esa versión es acusado de revisionista o conspiranoico. Pero revisar no es conspirar. Es hacer periodismo. Es hacer historia.
La democracia no puede sostenerse sobre zonas oscuras.
El propio emérito admite que todavía tiene “preguntas y dudas” sobre el papel de algunos. Pero no dice quiénes. No señala nombres. No abre archivos. No exige una comisión independiente. Se limita a escribir su versión.
Una democracia madura no teme la verdad. La exige.
Las y los ciudadanos no necesitamos leyendas. Necesitamos documentación. Las y los historiadores reclaman acceso completo a los archivos militares y de la Casa Real. Las y los juristas saben que un juicio sin todos los testimonios es un juicio incompleto. Y las y los periodistas sabemos que cuando el poder fija una versión inamovible durante 45 años, no estamos ante un cierre, sino ante un cerrojo.
El 23F fue real. Los disparos en el hemiciclo fueron reales. El miedo fue real. Pero también lo fue la construcción posterior del mito.
Y un país que convierte un episodio traumático en dogma intocable no está defendiendo la democracia. Está defendiendo su relato.
Lo que salvó o no salvó al sistema en 1981 sigue sin esclarecerse del todo. Lo que sí sabemos es que la verdad completa nunca ha sido prioridad para quienes más se beneficiaron de aquel silencio.
Spanish Revolution.
